¿Qué es la liquidación voluntaria según la ley chilena?
La liquidación voluntaria, como lo establece la Ley N° 20.720 en Chile, es un procedimiento pensado para personas naturales o empresas que, de manera consciente y por decisión propia, buscan la intervención judicial con el fin de liquidar sus bienes y así responder frente a sus acreedores. Este proceso comienza con la declaración de insolvencia del deudor ante los Juzgados Civiles y sigue con una distribución ordenada del patrimonio disponible.
Esta figura ofrece una salida legal para quienes ya no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, equilibrando los derechos de los acreedores y permitiendo una solución formal a la situación de insolvencia. Tanto empresas como personas naturales pueden acogerse a este mecanismo, siempre y cuando cumplan con los requisitos que exige la ley. Por ejemplo, una pyme que se ve afectada por una crisis económica o una persona con deudas imposibles de pagar puede elegir la liquidación voluntaria para ordenar el pago a sus acreedores y, a futuro, rehabilitarse financieramente.
Para quienes buscan asesoría en este proceso, existen especialistas como los Abogados Liquidación empresas que pueden orientar tanto a empresas como a personas naturales.
Diferencia entre liquidación voluntaria y liquidación forzosa
La diferencia fundamental entre la liquidación voluntaria y la forzosa está en quién toma la iniciativa:
- En la liquidación voluntaria, es el propio deudor quien reconoce su situación y presenta la solicitud ante el tribunal.
- En la liquidación forzosa, uno o varios acreedores impulsan el proceso para satisfacer sus créditos a través de la liquidación de los bienes del deudor. Aquí, , la relación suele ser más tensa, ya que el deudor puede no estar de acuerdo con la petición y defender sus derechos se vuelve más complejo
Ambos procesos comparten ciertas etapas, pero la motivación y el control inicial del procedimiento son distintos.
Efectos inmediatos de la liquidación voluntaria
Pérdida de la administración de los bienes
Desde el momento en que se declara la liquidación voluntaria, el deudor pierde la facultad de administrar y disponer de sus bienes. Esta tarea pasa directamente al liquidador concursal, quien gestiona el patrimonio con el objetivo de asegurar la mayor satisfacción posible de los acreedores. El deudor ya no puede tomar decisiones sobre sus activos, salvo en los casos específicos que la ley exceptúa.
Suspensión de juicios y ejecuciones individuales
Un efecto de la liquidación voluntaria es la suspensión de todos los juicios y ejecuciones individuales que los acreedores hayan iniciado en contra del deudor. Desde la declaración de liquidación, esos procesos judiciales quedan paralizados y pasan a formar parte de la masa concursal, salvo por aquellos que, por ley, no pueden suspenderse. Esto es fundamental para evitar que los bienes del deudor se dispersen y para garantizar que todos los acreedores tengan las mismas oportunidades de recuperar lo que se les debe, sin que se den preferencias injustas.
Nombramiento del liquidador concursal
El tribunal es el encargado de nombrar a un liquidador concursal que esté inscrito en el registro público de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Este profesional se encarga de administrar y vender los bienes del deudor, verificar los créditos y distribuir los fondos de acuerdo con el orden de prelación que dicta la normativa chilena.
La designación del liquidador es una garantía de transparencia y profesionalismo, ya que estos expertos están sujetos a regulación y control estatal. Además, deben rendir cuentas periódicamente y siempre actuar en defensa de los intereses de la masa de acreedores.
Efectos patrimoniales para el deudor
- Todos los bienes del deudor, tanto los que posee actualmente como los que pueda adquirir mientras dure el proceso, quedan sujetos a incautación para integrar la masa concursal. El liquidador concursal se encarga de realizar estos activos, es decir, venderlos en remate u otras modalidades legales, para convertirlos en dinero y así pagar a los acreedores.
- Cuando termina el proceso de liquidación voluntaria y se distribuyen los fondos, el deudor queda liberado de las deudas incluidas en el proceso, salvo aquellas que la ley declara inextinguibles, como los créditos alimenticios o ciertas obligaciones tributarias. Esto le permite al deudor iniciar un proceso de rehabilitación legal.
Efectos de la liquidación voluntaria en los acreedores
Verificación y reconocimiento de créditos
Los acreedores deben presentar sus créditos ante el liquidador para que sean verificados. Este paso es fundamental para determinar quiénes tienen derecho a participar en la distribución de los fondos obtenidos con la venta de los bienes del deudor.
El proceso incluye:
- Revisión de documentos, contratos y soportes que respalden la existencia y el monto de cada crédito.
- Posibilidad de que el liquidador objete créditos que no cumplan con los requisitos legales.
- Derecho de los acreedores a impugnar ante el tribunal.
Así se asegura que solo los créditos válidos sean pagados con el patrimonio liquidado.
Aplicación del orden de prelación de pagos
La ley establece un orden claro para repartir los fondos:
- Créditos laborales y previsionales.
- Créditos con garantía real.
- Créditos quirografarios.
Esta prelación busca proteger especialmente los derechos de los trabajadores y de los acreedores con garantías específicas.
Por ejemplo, si después de vender los bienes quedan pocos recursos, primero se destinan a cubrir remuneraciones y cotizaciones previsionales de los trabajadores, luego a los bancos con garantías, y al final a los acreedores que no tienen garantías específicas.
Expectativas reales de recuperación de las deudas
La posibilidad de que los acreedores recuperen sus deudas depende del valor de los bienes del deudor y del monto total de los créditos presentados. Muchas veces los acreedores no logran recuperar la totalidad de lo que se les debe, especialmente si hay muchos acreedores preferentes o si los activos del deudor son limitados.
Impacto de la liquidación voluntaria en los trabajadores
Los créditos laborales y previsionales tienen la máxima prioridad en el orden de pago. El liquidador debe destinar los primeros recursos obtenidos a cubrir estos conceptos, tal como lo exige la ley chilena. Esto incluye:
- Sueldos atrasados.
- Indemnizaciones por años de servicio.
- Cotizaciones previsionales.
- Otras prestaciones pendientes.
La idea es proteger a los trabajadores, quienes suelen estar en una posición vulnerable cuando la empresa entra en insolvencia.
Consecuencias legales posteriores a la liquidación
Después de la liquidación voluntaria, hay ciertas restricciones temporales para ejercer actividades comerciales bajo algunas figuras jurídicas. Sin embargo, una vez rehabilitado, el deudor puede volver a emprender o hacer negocios, aunque es importante saber que su historial de insolvencia puede influir en la evaluación que hagan los bancos u otras entidades al momento de otorgar créditos o líneas de financiación.
Por ejemplo, una persona rehabilitada puede volver a crear una empresa o solicitar un crédito comercial, pero las entidades financieras seguramente revisarán su historial antes de tomar una decisión.
Para quienes buscan alternativas a la liquidación, los Abogados reorganización de empresas pueden asesorar sobre opciones como la reorganización, que en muchos casos permite evitar la quiebra y mantener el negocio funcionando bajo ciertas condiciones.
