¿Qué es el concurso de acreedores en Chile?
Cuando hablamos del concurso de acreedores en Chile, nos referimos a un procedimiento legal respaldado por la Ley N° 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. Este mecanismo está pensado para enfrentar situaciones de insolvencia, permitiendo que tanto personas naturales como empresas que no logran cumplir con sus compromisos financieros puedan negociar una salida con sus acreedores. Todo esto se realiza bajo la mirada de un tribunal de justicia y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.
El objetivo principal es reorganizar la empresa o el patrimonio de la persona deudora. Si esa reorganización no es posible, entonces se busca una liquidación ordenada de los activos, para que los acreedores reciban el pago que les corresponde según la prioridad que indica la ley.
La Ley N° 20.720 supuso un cambio importante en el panorama chileno, porque reemplazó la antigua Ley de Quiebras y trajo consigo procedimientos más modernos y eficientes. Gracias a esto, tanto deudores como acreedores cuentan con mayores garantías de transparencia, equidad y legalidad. La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) es la entidad encargada de vigilar y supervisar que todo se haga conforme a las normas.
Tipos de procedimientos concursales vigentes
En Chile, actualmente existen dos grandes tipos de procedimientos concursales:
- Reorganización: Pensada para casos en los que la empresa todavía tiene potencial de salir adelante, permitiendo que el deudor y sus acreedores acuerden un plan para reestructurar las deudas y seguir operando normalmente.
- Liquidación voluntaria: Entra en juego cuando ya no hay margen para continuar con la actividad económica. Aquí, lo que procede es vender los activos del deudor para pagar las deudas y cerrar la empresa de forma ordenada.
Ambos procesos están siempre bajo la supervisión de la SUPERIR y requieren la intervención de un juez, tal como lo establece la Ley N° 20.720.
Diferencias entre preconcurso y concurso de acreedores
Momento en que se aplica cada instancia
El preconcurso es una etapa preventiva y voluntaria, donde el deudor, ante el riesgo de insolvencia pero antes de llegar a la cesación formal de pagos, busca un acuerdo privado con sus acreedores. Esta instancia no pasa por un tribunal y suele usarse para evitar el concurso formal. Ahora, el concurso de acreedores, como tal, aplica cuando la insolvencia ya es evidente y el deudor necesita acudir a la justicia para reorganizarse o liquidar su patrimonio.
Por ejemplo, una pyme chilena que empieza a ver que sus ventas bajan y se le complica cumplir con sus pagos puede, en la fase de preconcurso, sentarse a conversar directamente con los bancos o proveedores, buscando prórrogas o nuevos acuerdos, sin que esto se haga público ni haya un proceso judicial de por medio.
Grado de intervención judicial
Durante el preconcurso, la intervención de jueces es mínima o incluso inexistente. Todo se maneja en la esfera privada, en negociaciones confidenciales entre el deudor y sus acreedores, a veces con la ayuda de asesores legales o financieros. El objetivo es llegar a acuerdos extrajudiciales que permitan reestructurar las deudas sin necesidad de llegar a los estrados.
En cambio, el concurso de acreedores sí requiere una presentación formal ante un tribunal. Aquí la autoridad judicial y la SUPERIR están presentes en todo momento, supervisando y asegurando que el proceso se ajuste a la ley. La diferencia es clara: el preconcurso es flexible y discreto, mientras que el concurso formal otorga seguridad jurídica, pero implica más formalidades y puede tomar más tiempo.
Consecuencias legales y patrimoniales
En el preconcurso, no hay medidas legales automáticas que limiten el manejo de los bienes del deudor ni se suspenden los procesos de cobro de los acreedores. Todo depende de lo que las partes acuerden. Por el contrario, cuando se declara el concurso de acreedores, se activan una serie de consecuencias legales:
- Se suspenden los juicios ejecutivos.
- El deudor queda protegido frente a acciones individuales de cobro.
- Se establecen reglas estrictas para administrar el patrimonio y definir la prioridad en los pagos.
Nivel de control del deudor sobre su patrimonio
Mientras está en preconcurso, el deudor sigue teniendo el control total de sus bienes, porque no hay restricciones automáticas ni intervención judicial. Pero una vez inicia el concurso de acreedores, ese control puede verse bastante limitado, dependiendo del tipo de proceso:
- En la reorganización, el deudor puede seguir gestionando su patrimonio, pero bajo ciertas condiciones y con supervisión.
- En la liquidación voluntaria, el manejo de los activos pasa a un liquidador, quien se encarga de venderlos para pagar a los acreedores.
Ventajas del preconcurso frente al concurso de acreedores
El preconcurso tiene varias ventajas:
- Es mucho menos formal.
- Da mayor flexibilidad.
- Puede ser clave para superar una crisis financiera sin tanta exposición pública.
- Permite llegar a acuerdos hechos a la medida con los acreedores.
- Protege la reputación de la empresa.
- Evita el desgaste de un proceso judicial.
- Suele ser más rápido y menos costoso, porque se eliminan varios trámites legales y el control sigue en manos del deudor.
Esta etapa puede marcar la diferencia para que una empresa logre estabilizarse y seguir adelante sin necesidad de entrar en concurso formal.
¿Cuándo es necesario pasar del preconcurso al concurso?
El salto del preconcurso al concurso de acreedores suele ser inevitable cuando las negociaciones privadas no llegan a buen puerto o la situación financiera empeora tanto que ya no se puede cumplir con las obligaciones. Si los acreedores deciden iniciar acciones judiciales o la empresa está a punto de declararse en cesación de pagos, el concurso se convierte en la vía legal para proteger los intereses de todos y buscar una salida estructurada.
La presión de varios acreedores o la falta de acuerdos exitosos en el preconcurso normalmente llevan a iniciar un proceso concursal formal, ya sea de reorganización o de liquidación voluntaria. En estos escenarios, contar con el apoyo de Abogados Liquidación empresas o Abogados reorganización de empresas puede marcar la diferencia. En Chile, la Ley N° 20.720 define plazos y requisitos muy precisos para presentar la solicitud de concurso, tanto para personas como para empresas.
