¿Quién es un acreedor según la legislación chilena?
Un acreedor es cualquier persona, ya sea natural o jurídica, que tiene el derecho de exigirle a otra, conocida como deudor, que cumpla con una obligación específica. Esta relación nace, sobre todo, de contratos, préstamos, compraventas y otros actos jurídicos que están reconocidos en el Código Civil de Chile. Así, un acreedor puede ser desde una persona hasta una empresa o incluso una entidad financiera que haya entregado bienes, servicios o dinero bajo ciertas condiciones y que, lógicamente, espera que se le devuelvan o paguen según lo acordado.
El Código Civil de Chile regula la figura del acreedor en los artículos dedicados a obligaciones y contratos. En el sistema jurídico chileno, para que una obligación sea válida, debe haber sí o sí un acreedor y un deudor. El acreedor es quien tiene un derecho personal que puede exigir incluso ante un juez. Además, la ley contempla la posibilidad de que existan varios acreedores o deudores en una misma obligación, lo que puede dar pie a situaciones de solidaridad o concurrencia. Esto es clave, sobre todo, cuando se trata de créditos compartidos o de garantías colectivas.
Principales derechos de los acreedores en Chile
Derecho a exigir el cumplimiento de la obligación
El derecho más esencial que tiene un acreedor es exigir que el deudor cumpla lo que se pactó. La normativa chilena permite que este cumplimiento sea forzado, salvo cuando la ley diga lo contrario. El acreedor puede pedir la entrega de dinero, la devolución de un bien o que se realice una prestación específica, según lo que se haya acordado.
Derecho a cobrar judicialmente la deuda
Si el deudor no cumple de manera voluntaria, el acreedor tiene la opción de acudir a los tribunales para exigir el pago. Este derecho está respaldado tanto por el Código Civil como por las leyes procesales chilenas, que permiten al acreedor iniciar una demanda ejecutiva o un procedimiento monitorio, según corresponda. En estos casos, el juez puede ordenar medidas como embargar bienes para asegurar que el pago se haga efectivo.
En la práctica, esto puede implicar:
- Notificar formalmente al deudor.
- Presentar todos los documentos que prueben la existencia de la deuda (contratos, facturas, pagarés).
- Solicitar medidas precautorias para evitar que el deudor disponga de su patrimonio en perjuicio del acreedor.
Además, existen procedimientos especiales para ciertos créditos, como el cobro de letras de cambio, cheques protestados o créditos laborales.
Derecho a intereses, reajustes y cláusulas penales
El acreedor también tiene derecho, en muchos casos, a exigir el pago de intereses por mora, reajustes y, si aplica, hacer valer cláusulas penales estipuladas en el contrato. Los intereses compensan el tiempo que el acreedor ha esperado sin recibir el pago, mientras que los reajustes buscan proteger el valor real del crédito ante cambios económicos. Las cláusulas penales, por su parte, establecen sanciones adicionales si hay incumplimiento, siempre y cuando estén estipuladas en el acuerdo.
Derechos auxiliares del acreedor
Acción subrogatoria
La acción subrogatoria le permite al acreedor ejercer los derechos y acciones que le corresponden al deudor frente a terceros, con el objetivo de evitar que el patrimonio del deudor disminuya y se ponga en riesgo la posibilidad de pago. Por ejemplo, si el deudor tiene créditos que no ha cobrado, el acreedor puede tomar la iniciativa y cobrarlos directamente en nombre del deudor, protegiendo así su propio interés.
Acción pauliana o revocatoria
La acción pauliana o revocatoria es una herramienta legal que permite al acreedor pedir la anulación de actos realizados por el deudor que le perjudiquen, como transferir bienes a terceros para evadir sus responsabilidades. La legislación chilena regula esta acción para evitar fraudes o simulaciones que puedan afectar a los acreedores.
Medidas para proteger el patrimonio del deudor
El acreedor puede solicitar medidas precautorias o conservativas, como el embargo de bienes o la prohibición de celebrar ciertos actos y contratos sobre activos específicos. Estas medidas buscan asegurar que el deudor mantenga suficientes bienes para responder por la deuda, evitando que se deshaga de su patrimonio antes de cumplir con la obligación.
Derechos de los acreedores en procedimientos concursales
Participación en la reorganización judicial
Si el deudor entra en un proceso concursal, como una reorganización de empresas, los acreedores tienen el derecho de participar activamente en ese proceso judicial. Esto incluye asistir a juntas de acreedores, votar en los acuerdos de reorganización y proponer alternativas para la reestructuración de la deuda. En estos escenarios, contar con abogados especializados en reorganización de empresas es clave para proteger y defender los intereses de los acreedores.
Derecho a verificación y reconocimiento de créditos
Los acreedores están obligados a presentar y verificar sus créditos ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento u otra autoridad competente, según lo establece la legislación chilena. El proceso de verificación es importante porque determina qué créditos serán reconocidos oficialmente en el procedimiento y, por lo tanto, cuáles tendrán derecho a ser pagados o a participar en la distribución de los activos del deudor.
Preferencia de pago según la prelación legal
La ley chilena establece un orden específico para el pago de créditos en caso de liquidación o quiebra del deudor. Algunos créditos, como los laborales o los que están garantizados con prenda o hipoteca, tienen prioridad frente a otros. Entender esta prelación es clave para que el acreedor sepa cuál es la probabilidad de recuperar su dinero y en qué orden se realizará el pago en un proceso concursal.
Límites a los derechos del acreedor
Los derechos de los acreedores en Chile tienen límites legales, éticos y contractuales. Ejercer estos derechos no puede afectar garantías constitucionales del deudor, como la dignidad o el mínimo vital. Además, existen plazos de prescripción para ejercer acciones de cobro, que varían según el tipo de crédito. El abuso del derecho, la coacción o el hostigamiento están expresamente prohibidos por la ley y pueden traer sanciones para el acreedor.
¿Cómo un abogado protege y hace valer los derechos del acreedor?
Contar con la asesoría de un abogado es fundamental para que el acreedor pueda ejercer sus derechos de forma efectiva y conforme a la ley. Un profesional en la materia puede asesorar en la elaboración de contratos, iniciar procesos judiciales de cobro, solicitar medidas cautelares y participar en procedimientos concursales, como la liquidación de empresas o reorganización de empresas. Los servicios de Abogados Liquidación empresas y Abogados reorganización de empresas ofrecen estrategias personalizadas para recuperar créditos y defender los intereses del acreedor dentro del marco legal chileno.
